Los enfoques del desarrollo rural en la larga duración

Pensar sobre los amplios procesos sociales y sus orígenes supone ver cuáles han sido las condiciones materiales para una situación de democratización, o desdemocratización, de la cual emergen de unas acciones gubernamentales que probablemente la acentúan. Según Charles Tilly, la democracia no es producto de unas condiciones culturales o institucionales, determinadas en el marco de una sociedad, sino es el resultado de una lucha reivindicativa, independiente de las voluntades que tengan los protagonistas; él la define como la posibilidad de traslado hacia una mayor amplitud de la igualdad y hacia la protección de derechos y deberes entre la sociedad y agentes gubernamentales. En este sentido, el autor nos propone la idea de democracia, más allá de ser un estado de las cosas, para entenderla como un proceso, es decir, las transformaciones en las relaciones de contienda política, que tienen el potencial de contribuir a la consolidación de alianzas y coaliciones entre actores políticos, miembros de sectores dirigentes y grupos excluidos del poder. Esto tendría que promover y fortalecer la formación de organizaciones y colectivos, para que se incorporen a la participación política pública, como protagonistas relevantes, así, estas redes, que históricamente han sido invisibilizadas, al ser incorporadas al sistema político, podrían aportar a la democratización al construir lazos públicos que protejan a los más débiles, a aquellos desfavorecidos, carentes de un lugar propio y limiten la acción de los poderosos.

En este orden, vale la pena preguntarnos si, en Colombia, las acciones instrumentadas desde el gobierno han promovido los procesos de democratización, o de desdemocratización, en la conformación de los arreglos sociales, en el marco conceptual de Tilly. Ciertamente y siguiendo a Jasmin Hostov, el Estado colombiano, por vía de sus modos institucionales, de la mano con el paramilitarismo, ha facilitado la concentración de la riqueza y ha profundizado las inequidades y desigualdades, existentes en las formas de organización territorial, a través de la eliminación de sus oponentes políticos e intimidando la prensa, lo que resulta desdemocratizador al excluir las redes de confianza, los activismos y las militancias externas a las entidades estatales. En este sentido, es importante pensar reflexivamente en la fragilidad de las conquistas democráticas logradas hasta ahora y la necesidad de defenderlas y reforzarlas. Es decir, en el texto de Tilly, Confianza y democratización, se señala, a partir de la experiencia europea, siendo esta dominantemente de lucha, que la confianza es una condición necesaria para el correcto ejercicio de la democracia, lo que implica que el declive en la confianza, amenaza los alcances de la democracia. Entonces, los grupos que pierden la confianza en la democracia, debilitan su propio interés en el ejercicio democrático y pierden su participación en la formulación de políticas públicas inscritas en un Estado democrático.

Es así como se articulan las denominadas redes de confianza, las políticas públicas y la desigualdad social, para proponernos una mirada sobre este dilema que, en principio, supone algunos trastocamientos de los arreglos sociales existentes. Así, desde la experiencia europea, los modos en los que se han logrado activar esos mecanismos promotores de la democracia han sido la conquista, la confrontación, la colonización y la revolución, cuatro elementos que históricamente han dado paso a nuevas alianzas, para la conformación de redes de confianza y han debilitado los sistemas bajo los que prevalecen las inequidades. No obstante, en el caso colombiano se hace necesaria la revisión de las singularidades, en su experiencia histórica concreta para, sobre esta base experiencial, ver cómo se construye un marco explicativo diferenciado, sensible ante las similitudes y diferencias, y capaz de visibilizar los modos de intervención que potencialmente pueden afectar su experiencia particular de transición a la democratización, o a la desdemocratización. Igualmente, conocer la secuencia de transición de otras poblaciones, como en el caso mexicano respecto al irlandés, puede darnos luces sobre cuáles serían las posibles consecuencias demográficas de los distintos programas de inversión, empleo, reforma agraria y control de la fecundidad[1], de manera que, al identificar las diferencias, encontraremos sentido a los procesos sociales que, aunque expresen principios de causalidad comunes, nunca ocurren de la misma forma.

En Colombia, siguiendo los postulados de Marco Palacios[2], existe una configuración  estatal centralizada[3], en oposición a lo que sería un Estado nacional, que se ha heredado desde la colonia y donde la amplia legitimidad del poder, en manos de la tradición particularista, complejizó la idea de unidad nacional y facilitó la formación de varios sistemas políticos en función de los intereses de familias, colonos o compañías. En esta línea, Carlos Salgado coincide y sostiene que el Estado colombiano nunca ha tenido una política de manejo integral del territorio nacional. Históricamente, en textos como Colonización y protesta campesina[4]se indica que, a mediados del siglo XIX, el sistema de Gobierno existía de nombre, porque en la realidad se enfrentaba a una abrupta geografía, imposible comunicación, economía regionalizada y vida política fragmentada.

Si bien, las leyes eran dictaminadas en desde el centro, la efectividad de estas en las regiones era escaza, ya que el Gobierno carecía de recursos económicos y humanos para imponer sus decisiones. Así,  si el poder central quería lograr sus aspiraciones, debía tener una relación personal con caciques o patronos regionales que, posteriormente, se sumarían a los partidos políticos conservador y liberal[5]. Todo esto se manifiesta actualmente en el ejercicio del poder regional, como particularismo localista, originado en la sociedad colonial, que en la actualidad se vincula al desarrollo económico capitalista neoliberal y depende de él, opuesto a lo que ocurrió con el desarrollo de la estatalidad en Europa, donde, al no anteceder de un proceso colonial, fue posible la configuración de unas burocracias que penetraran en toda la población. De este modo, en Colombia se da una estatalidad en la que convienen los poderes regionales con el poder central y por eso, según Palacios, no se trata de un Estado nacional, el Estado no construye nación.

Adicional a este panorama, en la configuración histórica del Estado, los grupos de autodefensa se asentaron como un poder por su capacidad de legitimación que le permitió intervenir en la política. La inserción violenta y armada del paramilitarismo a finales de los ochenta en Córdoba, lo ubicó como una fuerza para-Estado, que no significó desorden e ilegalidad, sino política y organización, en una relación mimética con el Estado[6].  La inasistencia estatal y falta de autoridad soberana, legalizó las prácticas paramilitares en cabeza de los hermanos Castaño, que formaron las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) como uno de los núcleos que posteriormente conformaron las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). En este departamento, el paramilitarismo “se inserta en una tradición de poderes privados, que ejercen funciones públicas en una región donde el Estado, que no lograba el monopolio de la violencia, ni el control territorial, ni mostraba capacidad para dar seguridad a la población, había gobernado de manera indirecta apoyado en poderes privados”[7]. Esta coyuntura abrió espacio a los ejes de ilegalidad que coexistieron con el Estado y fomentaron la informalidad institucional, tanto así, que Córdoba se caracterizó como el único departamento que tenía siete comandantes paramilitares[8]. Enfrentándose a las guerrillas de las FARC, ELN y EPL, los grupos paramilitares se extendieron en el territorio nacional y por medio de políticas estatales, como el Decreto Ley 256 de 1994 que autorizaba la creación de Asociaciones Comunitarias de Vigilancia Rural o Convivir, las prácticas de las AUC estaban más que aceptadas. A través de las investigaciones de Claudia López, se reconoce públicamente que el paramilitarismo tuvo una evidente relación con la política, a lo que se le denominaría, la parapolítica. López señaló que este fenómeno permeó la mayoría del territorio cordobés y nacional, cooptando la representación política local y regional[9].

Con esto en mente, y aterrizando la revisión en el debate sobre el desarrollo rural, este se enmarca en unas comprensiones relacionadas, en principio, al Plan Nacional de Desarrollo (PND) donde, si bien no hay una definición específica de lo que sería ese desarrollo rural con enfoque tradicional, la propuesta era muy clara en sus objetivos y respondía a las lógicas del crecimiento económico, centrado en las siguientes estrategias:

• Incremento de la productividad en la producción agropecuaria.
• Promoción de los encadenamientos productivos y la agregación de valor.
• Ampliación y diversificación de los mercados externos e internos.
• Promoción de esquemas de gestión del riesgo y de condiciones para la inversión en el campo.
• Mejoramiento de la capacidad para generar ingresos por parte de la población rural.
• Adecuación de la institucionalidad para el desarrollo rural y la competitividad.

No obstante, desde los años noventa, en el marco de los tratados de libre comercio, donde debía priorizarse en las políticas al empresario, como actor relevante para el crecimiento económico, el enfoque sobre lo rural tuvo que cambiar en su formulación académica y práctica para dar espacio a la “desagriculturización de la política”, la explotación del conjunto de los recursos disponibles en el espacio rural y la concentración de la acción en los territorios. De este modo, se dio paso al denominado desarrollo rural con enfoque territorial (DTR), esta vez centrado en otro tipo de estrategias:

• Terminar con la identidad rural = agropecuario.
• Importancia de los vínculos con los mercados dinámicos.
• Innovación tecnológica.
• Exigencias de reformas institucionales.
• Descentralización y gobierno local.
• Importancia de la concertación social, inter-social y público-privada.

En nuestros días, y siguiendo a Tilly, la creación de un sistema de estados nacionales y la formación de un sistema capitalista mundial son los dos procesos que atraviesan cualquier análisis sobre transformaciones y transiciones a largo plazo, de modo que el reto es integrar grandes estructuras, amplios procesos e inmensas comparaciones en la historia, para lograr conectar las alteraciones particulares, directa o indirectamente, a esos procesos interdependientes de la época. En Colombia, el residuo de la colonia sobre el cual se construyó el Estado y el proyecto de Nación, son la causa de un poder central débil, que perdió el control sobre el poder regional. Las relaciones de interés, parentesco y amistad se arraigaron profundamente en la política del país y lograron extenderse hasta la actualidad en un sistema de partidos entre alianzas y rupturas. Esta dinámica se traduciría en una relación clientelar, vista como una red de intercambio material e inmaterial en beneficio de actores sociales y políticos. La situación de las tierras baldías, el problema agrario y la formación del paramilitarismo en Colombia, son la expresión de la incapacidad institucional que delegó sus funciones a centros indirectos del Gobierno en una lógica de informalidad jurídica. Así, la falta de soberanía del Estado permitió la continuidad de poderes privados, conectados a los poderes locales, además, el desarrollo de las leyes y los planes de Gobierno han influido en el despojo de tierras de la población campesina, favoreciendo las élites terratenientes. En el conflicto agrario, el  actor rural no solo se ha despojado de su espacio, sino de su identidad.

De este modo y buscando ir más allá de identificar las causas del conflicto, para poder señalar claramente los puntos de divergencia y los factores generadores de desigualdades e inequidades que se presentan por esa perspectiva de modelos de desarrollo en disputa y en dialogo con los factores de medio ambiente y de cultura, algunas de las dudas que quedan abiertas para la discusión se refieren a las posibilidades de emergencia de un nuevo paradigma de desarrollo, en el cual la agricultura asuma su lugar en paralelo a un conjunto de otras actividades actuales y potenciales rurales, todas importantes para la construcción de medios de subsistencia sostenibles, de esta forma, lo que Frank Ellis y Stephen Biggs llaman la trans-sectorialidad y la diversidad multi-ocupacional de los medios de vida rurales, deben convertirse en el centro de las políticas de desarrollo rural, sin darle una preferencia excesiva a la agricultura como la única solución para el conflicto y la pobreza rural.

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[1] Charles Tilli, “Grandes estructuras, procesos amplios, comparaciones enormes”, Alianza Editorial, 1984, Madrid, España.

[2] Palacios, Marco, La fragmentación regional de las clases dominantes en Colombia; una perspectiva histórica, en Estado y clases sociales en Colombia, Bogotá, PROCULTURA, 1986.

[3] En la categoría de presencia diferenciada del Estado elaborada por el grupo de Odecofi y apoyada en el concepto de dominio indirecto del Estado de Charles Tilly, Gloria Isabel Ocampo, refiere que el Estado en su presencia desigual en espacio y tiempo, ejerce su autoridad por medio del poder regional. Como señala Fernán Gonzáles, “la delegación informal de poder en los grupos que ya lo gozan en sus ámbitos traduce, obviamente, cierta limitación de la capacidad de maniobra de las instituciones estatales del nivel central, pero constituye la única manera de que ellas ejerzan cierta autoridad en regiones donde no están presentes las condiciones que, según Ernest Gellner, hacen rentable la presencia directa del Estado”

[4] LeGrand, Catherine, Colonización y protesta campesina en Colombia, 1850-1940, Bogotá, Universidad Nacional, 1988.

[5] Palacios, Marco, La fragmentación regional de las clases dominantes en Colombia; una perspectiva histórica, en Estado y clases sociales en Colombia, Bogotá, PROCULTURA, 1986.

[6] LeGrand, Catherine, Colonización y protesta campesina en Colombia, 1850-1940, Bogotá, Universidad Nacional, 1988.

[7] LeGrand, Catherine, Colonización y protesta campesina en Colombia, 1850-1940, Bogotá, Universidad Nacional, 1988.

[8] LeGrand, Catherine, Colonización y protesta campesina en Colombia, 1850-1940, Bogotá, Universidad Nacional, 1988.

[9] LeGrand, Catherine, Colonización y protesta campesina en Colombia, 1850-1940, Bogotá, Universidad Nacional, 1988.

Salgado, Carlos. 2014. Colombia: Estado actual del debate sobre el desarrollo rural. Ediciones desde abajo y Planeta Paz.

Tilly, Charles. 2010. Confianza y Gobierno. Buenos Aires, Argentina, Amorrortu Ed.Capitulo 6: “Confianza y Democratización” Pag. 201 – 239”

Horstov, Jasmin. (2014). Paramilitarism and Neoliberalism Violent Systems of Capital Accumulation in Colombia and Beyond. London. Pluto Press. ISBN 978 1 7837 1232 8 PDF eBook